Caracas/EFE
El Gobierno de Venezuela instaló hoy el Consejo Nacional de Derechos Humanos, un ente adscrito al Ejecutivo para coordinar la actuación de los órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales en esa materia, con participación de miembros de diversos poderes públicos.
"Aquí estamos pues, quienes integramos este Consejo que es (...) una instancia para coordinar los poderes públicos, para articularnos con las organizaciones de derechos humanos", declaró a periodistas el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza.
El Gobierno creó la instancia tras recibir la recomendación de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que actúan como terceros de buena fe en el diálogo entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición para buscar una salida a la crisis política que vive el país desde hace dos meses.
El propio vicepresidente anunció el 27 de marzo la creación de ese organismo tras recibir la recomendación de Unasur de la necesidad de una oficina, de un ente de derechos humanos vinculado con el Ejecutivo nacional y la Presidencia.
Arreaza señaló este miércoles que el objetivo era "conformar una instancia que dependiese del poder Ejecutivo y que atienda los temas y los casos de derechos humanos específicamente".
Añadió que se trata de "una instancia de coordinación", que "no sustituye" la competencias que tengan en materia de derechos humanos otras instituciones.
"Unas de las críticas, autocríticas que nos hemos hecho como Estado y las organizaciones de derechos humanos han coincidido es que no hemos promovido, divulgado, informado los suficiente sobre los avances (...) durante estos 15 años de revolución", dijo Arreaza.
Integrado por altos funcionarios del Estado, el Consejo de Derechos Humanos tendrá como objetivo buscar el "cómo" hacer llegar "los avances" del Gobierno en materia de derechos humanos.
Durante la instalación se ha creado una comisión "para articular todos esos planes, articular todos esos insumos, para nutrir un plan nacional de derechos humanos", indicó Arreaza.
"Vamos a recomendar al presidente de la República, efectivamente se construya desde las bases (...) se construya ese plan de derechos humanos en Venezuela", adelantó.
El Consejo estará conformado por trece personas, entre ellas, el propio Arreaza; el ministro del Interior, Miguel Rodríguez; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la fiscal general, Luisa Ortega; y la presidenta del Tribunal Supremo, Gladys Gutiérrez.
También figuran la coordinadora general de la Red de Apoyo por la Justicia y Paz, Laura Roldán, y la presidente de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), Eugenia Russian.
Organizaciones no gubernamentales y la oposición han denunciado violaciones de los derechos humanos durante las protestas que tienen lugar en Venezuela desde el pasado 12 de febrero.
Ortega indicó la semana pasada que han recibido 145 denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos por agentes de seguridad ciudadana durante las protestas, de las que 142 se refieren a tratos crueles, dos a "muertes consumadas" y una a torturas.
Las protestas han degenerado en ocasiones en acciones violentas con un saldo oficial de 41 muertos y más de 700 heridos.
El Gobierno de Venezuela instaló hoy el Consejo Nacional de Derechos Humanos, un ente adscrito al Ejecutivo para coordinar la actuación de los órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales en esa materia, con participación de miembros de diversos poderes públicos.
"Aquí estamos pues, quienes integramos este Consejo que es (...) una instancia para coordinar los poderes públicos, para articularnos con las organizaciones de derechos humanos", declaró a periodistas el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza.
El Gobierno creó la instancia tras recibir la recomendación de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que actúan como terceros de buena fe en el diálogo entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición para buscar una salida a la crisis política que vive el país desde hace dos meses.
El propio vicepresidente anunció el 27 de marzo la creación de ese organismo tras recibir la recomendación de Unasur de la necesidad de una oficina, de un ente de derechos humanos vinculado con el Ejecutivo nacional y la Presidencia.
Arreaza señaló este miércoles que el objetivo era "conformar una instancia que dependiese del poder Ejecutivo y que atienda los temas y los casos de derechos humanos específicamente".
Añadió que se trata de "una instancia de coordinación", que "no sustituye" la competencias que tengan en materia de derechos humanos otras instituciones.
"Unas de las críticas, autocríticas que nos hemos hecho como Estado y las organizaciones de derechos humanos han coincidido es que no hemos promovido, divulgado, informado los suficiente sobre los avances (...) durante estos 15 años de revolución", dijo Arreaza.
Integrado por altos funcionarios del Estado, el Consejo de Derechos Humanos tendrá como objetivo buscar el "cómo" hacer llegar "los avances" del Gobierno en materia de derechos humanos.
Durante la instalación se ha creado una comisión "para articular todos esos planes, articular todos esos insumos, para nutrir un plan nacional de derechos humanos", indicó Arreaza.
"Vamos a recomendar al presidente de la República, efectivamente se construya desde las bases (...) se construya ese plan de derechos humanos en Venezuela", adelantó.
El Consejo estará conformado por trece personas, entre ellas, el propio Arreaza; el ministro del Interior, Miguel Rodríguez; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la fiscal general, Luisa Ortega; y la presidenta del Tribunal Supremo, Gladys Gutiérrez.
También figuran la coordinadora general de la Red de Apoyo por la Justicia y Paz, Laura Roldán, y la presidente de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), Eugenia Russian.
Organizaciones no gubernamentales y la oposición han denunciado violaciones de los derechos humanos durante las protestas que tienen lugar en Venezuela desde el pasado 12 de febrero.
Ortega indicó la semana pasada que han recibido 145 denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos por agentes de seguridad ciudadana durante las protestas, de las que 142 se refieren a tratos crueles, dos a "muertes consumadas" y una a torturas.
Las protestas han degenerado en ocasiones en acciones violentas con un saldo oficial de 41 muertos y más de 700 heridos.
