Albuquerque, México/EFE
Aja Riggs se sometió a fuertes tratamientos de radiación y quimioterapia contra el cáncer avanzado de útero que padecía. Esta mujer de 49 años y de Nuevo México recuerda la sensación de quemazón en la piel, las náuseas y la fatiga, tan fuertes que no tenía fuerzas ni para hablar.
Todo lo que quería tener era la oportunidad de quitarse la vida si el sufrimiento le resultaba insoportable.
Y ahora lo puede hacer gracia a una decisión histórica tomada el lunes por una jueza de Nuevo México, que allana el camino para que pacientes mentalmente competentes pero gravemente enfermos soliciten asistencia a su médico si desean morir.
La jueza Nan Nash dijo que esos pacientes tienen el derecho fundamental a solicitar ayuda para morir porque la Constitución de Nuevo México prohíbe al estado impedir a una persona que disfrute de la vida y la libertad y de buscar seguridad y felicidad.
``Este tribunal no puede pensar en un derecho más fundamental, más privado o más integral a la libertad, la seguridad y la felicidad de los habitantes de Nuevo México que el derecho de un paciente mentalmente competente pero gravemente enfermo de solicitar asistencia para morir'', escribió la jueza.
Nash también falló que los médicos que ofrecen esa ayuda no pueden ser encausados bajo la ley de asistencia al suicidio, que lo considera un delito grave de cuatro grado.
La Procuraduría General de Nuevo México dijo que está discutiendo la posibilidad de una apelación pero que necesita estudiar primero a fondo la opinión de la jueza antes de comentar al respecto.
La decisión de Nash es el resultado de un juicio de dos días de un juicio sin jurado en diciembre pasado en que Riggs y otros demandantes pidieron a la jueza que decidiera que los médicos no incumplen la ley si emiten prescripciones médicas para pacientes mentalmente competentes pero gravemente enfermos que desean quitarse la vida.
Los médicos Katherine Morris y Aroop Mangalik presentaron una demanda en marzo de 2012 y Riggs se les unió un par de meses después.
La demanda contaba con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México; la organización Compassion & Choices, de Denver, una organización sin fines de lucro que trabaja por mejorar los derechos de los pacientes al final de la vida, y la Asociación de Sicólogos de Nuevo México, la mayor organización de sicólogos profesionales del estado, que alegó que el suicidio con asistencia y la ``asistencia para morir'' entre pacientes gravemente enfermos son fundamentalmente diferentes.
``Los habitantes de Nuevo México, tanto sanos como enfermos, ahora disfrutan de tener la paz mental de saber que pueden evitar una muerte prolongada y agonizante'', dijo Laura Schauer, directora de Asuntos Legales de la ACLU de Nuevo México, en un comunicado.
Riggs declaró en diciembre que el cáncer de que padece está en remisión pero que ha tenido días en que levantarse de la cama y caminar unos pasos le resultó muy difícil. Dijo que quería vivir, pero que también quería tener la opción de poner fin a su vida si su estado empeoraba.
``No quiero sufrir innecesariamente al final'', le dijo a Nash durante el juicio.
Kathryn Tucker, directora de Asuntos Jurídicos de Compassion & Choices, ha dicho que ha aumentado el apoyo para que los médicos ayuden a pacientes graves que desean morir.
Otros cuatro estados, entre ellos Oregon, permiten a los pacientes solicitar ayuda profesional para poner fin a la vida si su situación se vuelve insostenible.
Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Nuevo México expresó su decepción con el fallo del lunes y dijo que hay una diferencia entre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y la capacidad de una persona de quitarse la vida.
Puede haber diferencias entre las opiniones sobre la posibilidad de sobrevivir a una enfermedad, y los tratamientos médicos pueden avanzar, dijo Allen Sánchez, director ejecutivo del grupo de obispos.
``Mientras exista la posibilidad de error humano, no podemos aceptar eso. Es una decisión que no tiene marcha atrás una vez que se lleva a cabo'', dijo Sánchez. ``Si no estamos dispuestos a dar ese poder de decisión a un juez y los jurados al eliminar la pena de muerte en Nuevo México, no debemos dársela a un médico y
Aja Riggs se sometió a fuertes tratamientos de radiación y quimioterapia contra el cáncer avanzado de útero que padecía. Esta mujer de 49 años y de Nuevo México recuerda la sensación de quemazón en la piel, las náuseas y la fatiga, tan fuertes que no tenía fuerzas ni para hablar.
Todo lo que quería tener era la oportunidad de quitarse la vida si el sufrimiento le resultaba insoportable.
Y ahora lo puede hacer gracia a una decisión histórica tomada el lunes por una jueza de Nuevo México, que allana el camino para que pacientes mentalmente competentes pero gravemente enfermos soliciten asistencia a su médico si desean morir.
La jueza Nan Nash dijo que esos pacientes tienen el derecho fundamental a solicitar ayuda para morir porque la Constitución de Nuevo México prohíbe al estado impedir a una persona que disfrute de la vida y la libertad y de buscar seguridad y felicidad.
``Este tribunal no puede pensar en un derecho más fundamental, más privado o más integral a la libertad, la seguridad y la felicidad de los habitantes de Nuevo México que el derecho de un paciente mentalmente competente pero gravemente enfermo de solicitar asistencia para morir'', escribió la jueza.
Nash también falló que los médicos que ofrecen esa ayuda no pueden ser encausados bajo la ley de asistencia al suicidio, que lo considera un delito grave de cuatro grado.
La Procuraduría General de Nuevo México dijo que está discutiendo la posibilidad de una apelación pero que necesita estudiar primero a fondo la opinión de la jueza antes de comentar al respecto.
La decisión de Nash es el resultado de un juicio de dos días de un juicio sin jurado en diciembre pasado en que Riggs y otros demandantes pidieron a la jueza que decidiera que los médicos no incumplen la ley si emiten prescripciones médicas para pacientes mentalmente competentes pero gravemente enfermos que desean quitarse la vida.
Los médicos Katherine Morris y Aroop Mangalik presentaron una demanda en marzo de 2012 y Riggs se les unió un par de meses después.
La demanda contaba con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México; la organización Compassion & Choices, de Denver, una organización sin fines de lucro que trabaja por mejorar los derechos de los pacientes al final de la vida, y la Asociación de Sicólogos de Nuevo México, la mayor organización de sicólogos profesionales del estado, que alegó que el suicidio con asistencia y la ``asistencia para morir'' entre pacientes gravemente enfermos son fundamentalmente diferentes.
``Los habitantes de Nuevo México, tanto sanos como enfermos, ahora disfrutan de tener la paz mental de saber que pueden evitar una muerte prolongada y agonizante'', dijo Laura Schauer, directora de Asuntos Legales de la ACLU de Nuevo México, en un comunicado.
Riggs declaró en diciembre que el cáncer de que padece está en remisión pero que ha tenido días en que levantarse de la cama y caminar unos pasos le resultó muy difícil. Dijo que quería vivir, pero que también quería tener la opción de poner fin a su vida si su estado empeoraba.
``No quiero sufrir innecesariamente al final'', le dijo a Nash durante el juicio.
Kathryn Tucker, directora de Asuntos Jurídicos de Compassion & Choices, ha dicho que ha aumentado el apoyo para que los médicos ayuden a pacientes graves que desean morir.
Otros cuatro estados, entre ellos Oregon, permiten a los pacientes solicitar ayuda profesional para poner fin a la vida si su situación se vuelve insostenible.
Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Nuevo México expresó su decepción con el fallo del lunes y dijo que hay una diferencia entre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y la capacidad de una persona de quitarse la vida.
Puede haber diferencias entre las opiniones sobre la posibilidad de sobrevivir a una enfermedad, y los tratamientos médicos pueden avanzar, dijo Allen Sánchez, director ejecutivo del grupo de obispos.
``Mientras exista la posibilidad de error humano, no podemos aceptar eso. Es una decisión que no tiene marcha atrás una vez que se lleva a cabo'', dijo Sánchez. ``Si no estamos dispuestos a dar ese poder de decisión a un juez y los jurados al eliminar la pena de muerte en Nuevo México, no debemos dársela a un médico y
