La legalización de la marihuana se abre paso en Estados Unidos con California como punta de lanza, pero tras sólo un año de gestión el presidente Donald Trump amenaza la independencia de los estados para regular su consumo recreativo y comercialización.
El pasado 1 de enero entró en vigor la ley que permite el uso recreativo de cannabis en California, el estado más poblado del país y que representa un emblema para causas progresistas de todo tipo en EE.UU.
Además de la ciudad de Washington, ocho estados han permitido hasta ahora, y con importantes diferencias en cada una de las legislaciones, el consumo de marihuana más allá de fines medicinales: Alaska, Colorado, Nevada, Oregón, Washington, Maine, Massachusetts y California.
Pero la reciente incorporación de California a este frente verde se celebró como un enorme y simbólico triunfo en las filas de los partidarios de la legalización de la marihuana recreativa, ya que sólo este estado, con 39,5 millones de habitantes, supera en población a la suma del resto de entidades que también autorizaron la maría para ocio (alrededor de 30 millones de personas).
Así, en torno a uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos viven en estos momentos en un estado que ha regulado el uso por placer del cannabis.
A este recuento habría que sumar los 29 estados del país en los que es legal la marihuana medicinal.
La tendencia creciente hacia la aceptación y regularización de la marihuana en Estados Unidos, un cambio significativo respecto a la política de mano dura de las últimas décadas contra las drogas, parece respaldada por la opinión pública.
Una encuesta de Gallup, publicada el pasado mes de octubre, aseguró que el 64 % de los estadounidenses está de acuerdo con legalizar la marihuana (sin especificar el uso), lo que marca un récord desde que la consultora empezó a preguntar acerca de este tema en 1969, cuando sólo un 12 % de la población mostró su apoyo.
Cada estado que ha dado el visto bueno al uso recreativo de la marihuana lo ha hecho siguiendo su particular camino y estableciendo condiciones más o menos laxas.
En el caso de California, los mayores de 21 años pueden ya comprar una onza (28,3 gramos) de marihuana en los establecimientos que cuenten con permiso para la venta de cannabis, pero en ningún caso está permitido fumar en público o dentro de un coche.
En el estado dorado también ha habido diferencias en cuanto a la hora de tramitar los necesarios permisos locales para la venta: en San Diego estaban ya preparados para el 1 de enero, en Los Ángeles todavía se están procesando, y en el condado conservador de Kern se ha prohibido cualquier actividad comercial relacionada con el cannabis.
California, la sexta economía del mundo, estima recaudar en torno a 1.000 millones de dólares al año por los impuestos aplicados a la marihuana.
La legalización ha dejado anécdotas en California como la compra el pasado año del pequeño pueblo de Nipton por parte de American Green, una compañía que pretende convertir esta localidad, fundada en la fiebre del oro, en un lugar turístico dedicado al consumo de marihuana.
Sin embargo, pocos días después de la entrada en vigor de la ley californiana, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, emitió un memorándum en el que insta a los fiscales a hacer cumplir la ley federal para perseguir actividades relacionadas con la marihuana.
Es la misión del Departamento hacer cumplir las leyes, mientras las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley, dijo Sessions en un comunicado.
Este cambio de rumbo del Departamento de Justicia rompió con la política establecida durante la Administración de Barack Obama en 2013, cuando las autoridades federales dejaron en manos de los estados la legislación de los usos de la marihuana siempre y cuando no contradijeran las leyes nacionales.
Ante la incertidumbre provocada por este choque de competencias entre el ámbito federal y el estatal, las autoridades de California, que en el primer año de Trump han mostrado una feroz oposición a la Casa Blanca en temas como la migración o el cambio climático, dejaron claro que no piensan dar marcha atrás.
En California, hemos decidido que era mejor regular y no criminalizar el cannabis. A diferencia de otros, nosotros asumimos, no el miedo, sino el cambio. Después de todo, esto es 2018 y no el siglo XX, dijo el fiscal general del estado, Xavier Becerra.
A la espera de ver cómo cristalizan las amenazas de Trump, no parece que los estados hayan frenado sus pasos para regularizar la marihuana recreativa, ya que Vermont aprobó este 10 de enero su propia ley y sólo falta la firma del gobernador para que sea una realidad.
