La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, pidió hoy en Ginebra, Suiza, que se amplíen las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, en el que 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014 en México.
En un comunicado de prensa, Pouilly argumentó que, pese a que actualmente un oficial y seis soldados están sujetos a proceso penal en torno al caso, las autoridades mexicanas deben continuar sus pesquisas sobre el incidente ocurrido en el Estado de México (centro del país).
Estas investigaciones, continúa la portavoz, deben incluir a "las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos" cometidas ese día.
Según la versión inicial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional, los 22 supuestos criminales fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas en el municipio de Tlatlaya.
No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) reveló recientemente que, de acuerdo con sus investigaciones, 11 de las víctimas fueron "prácticamente fusiladas", mientras que cinco murieron realizando "maniobras instintivas de defensa".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), que clasificó el expediente del caso en la categoría de violaciones graves a los derechos humanos, estableció en siete la cifra de civiles muertos en el enfrentamiento con los militares y en 15 el número de los que fueron asesinados por los soldados una vez que se habían rendido.
"Como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, es requerida una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial", señaló Pouilly.
La portavoz recordó que las tres mujeres que presenciaron los hechos han alegado "haber sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y torturas".
La investigación de dichos casos y llevar a las personas responsables de los hechos ante la justicia, concluye el organismo, constituye "la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente".
