Un nuevo grupo de 100 nicaragüenses que permanecían varados en Panamá debido a la pandemia de coronavirus volvió a Nicaragua en el marco de un acuerdo entre las autoridades de ambos países, junto con las de Costa Rica, informó este miércoles el Ministerio de Gobernación.
Un total de 54 varones y 46 mujeres, todos nicaragüenses, llegaron anoche, e ingresaron por el puesto fronterizo de Peñas Blancas que comparten Nicaragua y Costa Rica, detalló la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación.
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Por su parte, el Ministerio de Salud "realizó una revisión rigurosa para descartar fiebre o síntomas respiratorios relacionados al COVID-19, y les orientó (guardar) cuarentena de 14 días en sus domicilios", explicaron las autoridades.
Con el ingreso de este grupo, el número de nicaragüenses varados en la localidad panameña de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, debería ser menor a los 181, luego de que varias decenas de ellos abandonaron el albergue en el que se encontraban para ingresar a territorio costarricense, con la esperanza de llegar más rápido a Nicaragua.
Organizaciones humanitarias de Costa Rica informaron esta semana que unos 250 nicaragüenses que, al igual que los de Panamá quedaron varados tras perder sus medios de vida a causa de la pandemia, se mantienen frente a la frontera con Nicaragua a la espera de que sus autoridades les permitan volver con sus familias.
Una situación similar viven 80 nicaragüenses varados en la frontera de Guatemala con Honduras, quienes hoy cumplen cuatro días de estar a la espera del permiso para ingresar a Nicaragua.
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El Gobierno de Nicaragua ha explicado que solamente extiende permisos de ingresos a quienes presenten un certificado de COVID-19 negativo, no tenga síntomas relacionados y demuestren que tienen pagado su transporte desde el país de origen hasta su vivienda.
Diversas organizaciones humanitarias han avisado al Gobierno nicaragüense que sus ciudadanos instalados en ambas fronteras tienen garantizado el transporte, pero están viviendo a la intemperie y no tienen recursos para pagar por su cuenta las pruebas de COVID-19.
Las autoridades de Nicaragua únicamente garantizan pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses que viajen al exterior, a un costo de 150 dólares, que equivale al 81 % del salario mínimo promedio, según el Ministerio de Salud que, tras las críticas por el cobro, eliminó la publicación de su página web.
El pasado lunes la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alentó a las autoridades de Nicaragua a permitir el retorno de los nicaragüenses varados en otros países por cualquier razón.
El manejo que se da en Nicaragua a la pandemia ha hecho que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a sus dependencias dedicadas a la salud y a la defensa de los derechos humanos, expresen su preocupación.
