El embarazo de adolescentes ha creado en Latinoamérica un círculo vicioso de desigualdad que impide a las mujeres y a sus hijos salir de la pobreza, advirtió hoy la ONU al divulgar su Informe del Estado de la Población Mundial 2017.
El reporte global del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que analizó cómo las disparidades en ingresos, educación y empleo impactan en los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a la planificación familiar, confirma que en la región hay una estrecha relación entre la pobreza y las crecientes tasas de fecundidad entre las mujeres más jóvenes.
El documento, titulado Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad, apunta a que América Latina y el Caribe está en una fase intermedia y avanzada en varios de los indicadores de salud reproductiva, en los que muestra, por ejemplo, una elevada proporción (94 %) de partos atendidos por personal entrenado.
Sin embargo, hay una condición de desventaja social de las mujeres que se refleja en crecientes tasas de embarazo adolescente, un problema que se ha convertido en el mayor desafío para la región en términos de derechos sexuales y reproductivos, indica la agencia de la ONU.
De acuerdo con el informe, Latinoamérica reporta una tasa de 64 partos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 19 años, cifra solo superada por África.
El UNFPA considera que en la región hay una alta relación entre los niveles de desigualdad en los salarios de hombres y mujeres con la cantidad de embarazos adolescentes y en esa franja de mayor inequidad se ubican Bolivia, Perú, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Colombia.
El embarazo adolescente es un fenómeno de la pobreza de América Latina, donde el peso de la inequidad es más contundente, porque es la región más desigual, dijo a Efe el director para Latinoamérica del UNFPA, Esteban Caballero, al comentar el informe.
La desigualdad también se refleja en el acceso a anticonceptivos, ya que las tasas de uso de estos métodos por parte de mujeres del área rural es menor, con un 67 %, frente al 73 % de las zonas urbanas.
Por ello, el UNFPA insiste en combatir ese círculo vicioso de inequidad porque, al carecer de acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres más pobres, en especial las de menor escolaridad y de áreas rurales, están más expuestas a embarazos no deseados, lo que retrasa su incorporación al mercado laboral y reduce aún más sus ingresos.
Se trata además de un ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza, añadió Caballero al advertir que hay un grupo de países a los que se les está prestando especial atención: República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala.
En julio pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó de que el porcentaje de menores embarazadas en la región es más alto en la población afrodescendiente e indígena.
Además, según datos del UNFPA, únicamente una quinta parte de los embarazos adolescentes en América Latina son planeados.
La ampliación del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es solo la mitad de la solución, asegura la ONU en su informe, al instar a abordar otras dimensiones de la desigualdad de género.
Esta incluye llegar a las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención de salud materna y prenatal; conceder prioridad en programas de planificación a las que viven en el 40 % de los hogares más pobres; e impulsar servicios, como los de cuidado de los niños, que permitan a las mujeres incorporarse o permanecer en el mercado laboral.
También adoptar políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre el 40 % más pobre de la población y eliminar los obstáculos que impiden el acceso de las niñas a la educación secundaria.
Caballero resaltó que en el tema de embarazo adolescente se están volcando esfuerzos en la región y valoró que exista ya una plataforma de políticas para empezar a impactar en los indicadores que reduzcan la problemática.
