La ONU aseguró hoy a los gobiernos que recurrir a la pena de muerte por el delito de terrorismo es inútil ya que no tiene los efectos disuasorios que se cree y, peor aún, en muchos casos se trata de una sanción ilegal.
Las ejecuciones realizadas sin cumplir con las garantías de un juicio justo y del debido proceso son ilegales y equivalen a ejecuciones arbitrarias, dijeron los relatores de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; sobre la tortura, Juan Méndez; y sobre ejecuciones sumarias, Agnes Callamard.
La comunidad internacional conmemora hoy, 10 de octubre, el Día Internacional contra la Pena de Muerte, en medio de un significativo aumento del número de países que han vuelto a utilizarla frente a la expansión del terrorismo.
Esta medida es problemática en muchos sentidos: reintroducir la pena de muerte en países que la habían abolido legalmente o de facto va contra la tendencia internacional de terminar con esta sanción, dijeron los expertos de Naciones Unidas.
Según la ONG Amnistía Internacional, ese castigo fue dictado el año pasado en Argelia, Bahrein, Camerún, China, República Democrática del Congo, Egipto, India, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Túnez, Emiratos árabes Unidos y Estados Unidos.
En al menos quince de esos países las sentencias tuvieron que ver con situaciones de terrorismo.
Los relatores criticaron que algunos gobiernos hayan optado por hacer modificaciones legales para utilizar la pena de muerte o ampliar su aplicación en casos de terrorismo, pero por delitos que no representan crímenes graves, es decir que los que implican el asesinato intencional.
Sólo en esos casos recurrir a ese castigo puede ser considerado legal de acuerdo al derecho internacional.
Los países que más ejecuciones llevaron a cabo en 2015 fueron China, Estados Unidos, Irán, Pakistán y Arabia Saudí.
