Un grupo de laicos y agentes pastorales de distintas comunidades parroquiales de la diócesis de Osorno, en el sur de Chile, pidieron hoy al papa Francisco que destituyera al obispo chileno Juan Barros por sus vinculaciones con el encubrimiento de abusos sexuales.
A través de una carta que un miembro de la comisión pontificia se encargará de entregar personalmente al sumo pontífice, la organización de laicos y agentes pastorales solicitó al papa destituir al obispo Barros, quien, según la misiva, "está causando una división sin precedentes dentro de la diócesis".
El obispo de la diócesis de Osorno, ciudad ubicada a 940 kilómetros al sur de Santiago, es acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote chileno Fernando Karadima.
Karadima, un influyente sacerdote octogenario que formó a cinco obispos chilenos y casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y lo condenó a una vida de oración y penitencia.
Además, en noviembre de ese mismo año la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.
"Recurrimos nuevamente a usted en busca de una solución al hondo malestar e insostenible división que arriesga quebrar definitivamente la unidad del cuerpo místico de Cristo que peregrina en Osorno", apunta la misiva.
"La desolación a la que nos ha llevado su voluntad, Papa Francisco, no resiste más silencio u omisión. En todo este tiempo hemos tocado la puerta de nunciatura en Chile y sólo recibimos burlas", agrega.
Juan Carlos Cruz, un exseminarista chileno que fue víctima de abusos sexuales del sacerdote Karadima, viajó hasta el Vaticano para entregar la carta y aseguró que "uno nunca se puede rendir cuando se trata de proteger a los niños".
"Este obispo (Juan Barros) fue testigo de mis abusos y del de muchos otros niños durante un periodo de 35 años, eso es lo que espero que entienda la comisión pontificia para la protección de los menores durante su encuentro en Roma esta semana", aseveró.
