La industria del petróleo y el gas natural pide al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que revoque la prohibición de prospecciones en zonas del Ártico y Atlántico anunciada ayer por su predecesor, Barack Obama, con el aplauso de los grupos medioambientalistas.
El portavoz del equipo de transición de Trump, Jason Miller, evitó hoy reaccionar a la medida y el magnate no ha dicho aún una palabra sobre el tema ni en comunicado ni en Twitter, donde suele pronunciarse con rapidez sobre los temas del momento.
La Casa Blanca presentó ayer la iniciativa como indefinida porque no se trata de una orden ejecutiva -revocable por un nuevo presidente- sino de una ley de 1953 que autoriza al presidente a bloquear de forma indefinida perforaciones petroleras y gasísticas en algunas aguas controladas por el Gobierno federal.
La ley no incluye un mecanismo para que otro presidente pueda revertir la medida, por lo que los expertos no han llegado a una conclusión sobre si Trump podría o no deshacer este paso de Obama.
Si hay consenso sobre que el Congreso, de mayoría republicana, podría tratar de enmendar la ley para que las prohibiciones fueran revocables por otros presidentes, pero para ello sería necesaria una mayoría de 60 y solo hay 52 senadores republicanos.
En todo caso, los analistas apuntan a que cualquier intento de Trump o del Congreso por dar marcha atrás a la medida de Obama conllevaría una larga batalla judicial.
Sin embargo, la poderosa industria del petróleo y el gas natural no ha tardado en criticar la prohibición y pedir al futuro presidente Trump que revoque la iniciativa en cuanto llegue a la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.
El Instituto Americano del Petróleo (API) argumenta, contrario a la tesis del Gobierno de Obama, que Trump podría revocar la medida del mismo modo que el expresidente George W. Bush (2001-2009) permitió, mediante un memorando, perforaciones en algunas áreas prohibidas por su antecesor Bill Clinton (1993-2001) bajo la misma ley.
Del mismo modo que el presidente Bush emitió un memorando en 2008 para que varias áreas volvieran a estar disponibles, esperamos que el Gobierno de Trump se fije en eso para revertir la decisión (de Obama) y esperamos trabajar con ellos para que eso sea posible, indicó Andrew Radford, asesor en el Instituto Americano del Petróleo (API).
La entidad, la mayor organización comercial de la industria del petróleo y el gas natural en el país, espera así que el nuevo Gobierno revierta esta decisión porque la nación continua necesitando una estrategia fuerte para desarrollar energía en mar abierto y en la costa.
La decisión del Gobierno Obama ignora la voluntad del Congreso, la seguridad nacional, las vitales oportunidades de trabajo bien remunerado para nuestros astilleros, sindicatos y empresas de todo tipo en todo el país, apuntó uno de los directivos del API, Erik Milito.
Nuestra seguridad nacional depende de nuestra capacidad de producir petróleo y gas natural aquí en Estados Unidos. Esta propuesta nos llevará en la dirección equivocada ahora que nos hemos convertido en líderes en la producción y refinado de petróleo y gas natural y en la reducción de las emisiones de carbono, agregó.
La medida anunciada por Obama prohíbe las prospecciones en alrededor del 98 por ciento de las aguas federales en el Ártico, una región que alberga especies en peligro de extinción como el oso polar y la ballena boreal.
También prohíbe las perforaciones en un área de la costa Atlántica que se extiende entre Norfolk (Virginia) y la frontera con Canadá, alrededor de unos cañones de coral que albergan corales de agua profunda únicos y especies de peces muy escasas.
Según Wall Street Journal, se trata de un anuncio de importancia simbólica pero con poco impacto inmediato, ya que actualmente no se están haciendo prospecciones comerciales en las aguas federales de Estados Unidos ni en el Atlántico en la costa este ni en el Ártico al norte de Alaska.
Los grupos medioambientalistas, por su parte, han celebrado la medida como una victoria histórica en la lucha por salvar las aguas del Ártico y el Atlántico, su vida marina y las comunidades costeras, en palabras de Rhea Suh, presidenta del Natural Resources Defense Council.
Carter Roberts, jefe ejecutivo de World Wildlife Fund, aplaudió la medida por ser una decisión audaz que señala algunos lugares que son demasiado importantes como para no protegerlos.
Michael Brune, director ejecutivo de la organización Sierra Club, enmarcó la iniciativa en un contexto en el que es difícil predecir los precios del petróleo y es aún más difícil predecir cómo será la política energética del Gobierno Trump, un presidente electo que ha nombrado a negacionistas del cambio climático para su gabinete.
