Managua/ACAN-EFE
Unos 250 habitantes de una comunidad en el departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, marcharon hoy en protesta a eventuales desalojos que ocasionaría la construcción de un canal interoceánico por este país, cuyas obras están previstas a iniciar en diciembre próximo.
"Marchamos unas 250 personas", dijo Maya Montiel, líder comunal de Tolesmayda, municipio de Buenos Aires, en Rivas, una de las comunidades que serían afectadas con la construcción del canal.
La dirigente indicó que la manifestación, que transcurrió sin incidentes, se hizo para protestar contra los posibles desalojos de sus propiedades, y para solicitar públicamente al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega las detenga, en caso de darse.
"Esperamos que el presidente (Ortega) se retracte y vea las barbaridades que nos están haciendo", continuó Montiel.
Las "barbaridades" a las que se refiere la líder comunal es que funcionarios del Gobierno y de HKND Group, la firma china concesionaria del Gran Canal, supuestamente les han informado de que deberán abandonar sus propiedades y recibir en paga su valor catastral, sin opción a negarse.
El miembro de la comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, confirmó hoy la presencia de personeros del Gobierno y de HKND Group en esas comunidades, pero dijo que los que se oponen al proyecto tendrán "una condición de vida superior", sin dar mayores detalles.
El Centro Nicarag ense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció esta semana que los personeros del Gobierno y de la empresa china están creando una situación de estrés colectiva en las comunidades que serían afectadas.
"Se nos dice que tenemos que salir de nuestras propiedades, pero no tenemos otro lugar a dónde ir, aunque tuviéramos no queremos salir porque estamos bien donde vivimos", explicó Montiel.
Para los comunitarios la paga por el valor catastral les truncará sus opciones de vida.
"Somos pescadores, ganaderos, no podemos vivir en la ciudad, no podemos llevarnos el lago (Cocibolca) y al ganado no lo podemos amarrar como si fuera perro", matizó.
HKND Group pretende construir en Nicaragua un canal interoceánico más grande que el de Panamá, con dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial, dos esclusas, un complejo turístico, zona de libre comercio, carreteras, y fábricas de acero y cemento.
El costo de la obra sería de 50.000 dólares, según los cálculos de la empresa, y crearía unos 5.000 empleos directos.
Montiel anunció que las protestas pacíficas no terminarán hasta llamar la atención de Ortega, quien concedió al área de Nicaragua que HKND Group estime conveniente para el canal, por un período de 50 años más otros 50 prorrogables.
Los manifestantes denunciaron que la marcha concluyó en el atrio de la iglesia de Buenos Aires, porque la Policía les impidió que se congregaran frente a la sede del gobierno local.
Unos 250 habitantes de una comunidad en el departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, marcharon hoy en protesta a eventuales desalojos que ocasionaría la construcción de un canal interoceánico por este país, cuyas obras están previstas a iniciar en diciembre próximo.
"Marchamos unas 250 personas", dijo Maya Montiel, líder comunal de Tolesmayda, municipio de Buenos Aires, en Rivas, una de las comunidades que serían afectadas con la construcción del canal.
La dirigente indicó que la manifestación, que transcurrió sin incidentes, se hizo para protestar contra los posibles desalojos de sus propiedades, y para solicitar públicamente al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega las detenga, en caso de darse.
"Esperamos que el presidente (Ortega) se retracte y vea las barbaridades que nos están haciendo", continuó Montiel.
Las "barbaridades" a las que se refiere la líder comunal es que funcionarios del Gobierno y de HKND Group, la firma china concesionaria del Gran Canal, supuestamente les han informado de que deberán abandonar sus propiedades y recibir en paga su valor catastral, sin opción a negarse.
El miembro de la comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, confirmó hoy la presencia de personeros del Gobierno y de HKND Group en esas comunidades, pero dijo que los que se oponen al proyecto tendrán "una condición de vida superior", sin dar mayores detalles.
El Centro Nicarag ense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció esta semana que los personeros del Gobierno y de la empresa china están creando una situación de estrés colectiva en las comunidades que serían afectadas.
"Se nos dice que tenemos que salir de nuestras propiedades, pero no tenemos otro lugar a dónde ir, aunque tuviéramos no queremos salir porque estamos bien donde vivimos", explicó Montiel.
Para los comunitarios la paga por el valor catastral les truncará sus opciones de vida.
"Somos pescadores, ganaderos, no podemos vivir en la ciudad, no podemos llevarnos el lago (Cocibolca) y al ganado no lo podemos amarrar como si fuera perro", matizó.
HKND Group pretende construir en Nicaragua un canal interoceánico más grande que el de Panamá, con dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial, dos esclusas, un complejo turístico, zona de libre comercio, carreteras, y fábricas de acero y cemento.
El costo de la obra sería de 50.000 dólares, según los cálculos de la empresa, y crearía unos 5.000 empleos directos.
Montiel anunció que las protestas pacíficas no terminarán hasta llamar la atención de Ortega, quien concedió al área de Nicaragua que HKND Group estime conveniente para el canal, por un período de 50 años más otros 50 prorrogables.
Los manifestantes denunciaron que la marcha concluyó en el atrio de la iglesia de Buenos Aires, porque la Policía les impidió que se congregaran frente a la sede del gobierno local.
