El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dio posesión hoy al nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le pidió castigar a los responsables de la corrupción, delito que calificó como el enemigo número uno del país, y el más importante desafío para que haya una paz duradera.
Nuestro enemigo número uno es la corrupción y ahora que se nos presenta la gran oportunidad de la paz lo invito a que trabajemos de la mano para combatir a quienes roban el erario público, es decir el futuro de los más pobres y de los más necesitados, indicó el mandatario en el cato celebrado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
Durante la ceremonia, el jefe de Estado le solicitó a Martínez llegar hasta el fondo en la investigación de los casos emblemáticos de corrupción en el país.
Entre estos figuran el millonario desfalco de los recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Saludcoop, la más grande de Colombia con 4,6 millones de usuarios, y la estafa por unos 300.000 millones de pesos (unos 97 millones de dólares) realizada por la comisionista bursátil Interbolsa a 1.027 inversores.
Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias también para determinar qué pasó con los recursos de los Juegos Deportivos Nacionales, que no se convirtieron en los escenarios deportivos que esperábamos, sostuvo sobre otro caso de corrupción ocurrido en el departamento del Chocó, uno de los más pobres del país.
En respuesta, el jurista Martínez indicó que la Fiscalía será la encargada de quebrarle el espinazo a la impunidad para lo cual replanteará la política criminal mediante una reingeniería institucional para derribar el muro entre la entidad y la gente.
A juicio del presidente, el nuevo fiscal tendrá el reto de ejercer su función durante el posconflicto, una vez se alcance un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La contribución de la Fiscalía para recaudar, organizar y entregar a la justicia transicional la información y pruebas sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, será crucial para garantizar que no haya impunidad sobre los delitos de mayor gravedad, dijo.
Ante lo anterior, Martínez precisó que la paz es un derecho supremo a cuya realización deben confluir todas las instituciones.
Martínez, quien sucede en el cargo a Eduardo Montealegre, es doctor en Ciencias Jurídicas y Ciencias Socio-Económicas, magister en Sociedades y especialista en Derecho Comercial y Derecho de Familia.
Durante su vida pública ha sido ministro de la Presidencia, del Interior y de Justicia, embajador de Colombia en Francia, superintendente bancario y subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
