El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó hoy la nueva ley contra el maltrato animal que modifica el artículo 655 del Código Civil para reconocer a los animales como "seres sintientes", informaron fuentes oficiales.
Con la nueva ley, que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado, se establecen multas que van desde cinco a 50 salarios mínimos legales (de 1.100 a 11.000 dólares), para quienes "incurran en actos dañinos y de crueldad en contra de los animales", según un comunicado de la Presidencia.
Igualmente, la norma prevé una pena de 12 a 36 meses de prisión e inhabilidad especial de uno a tres años además de multas de cinco a 60 salarios mínimos (hasta 13.260 dólares), para quien "cause la muerte o lesione gravemente la salud o integridad física de los animales silvestres, domésticos y amansados".
La norma también faculta a la Policía para que efectúe la "aprehensión material preventiva de animales" sin que medie orden administrativa o judicial previa cuando haya indicios de conductas que constituyan maltrato animal.
Otra de las leyes que sancionó Santos fue la ley de víctimas de ataques con agentes químicos, que endurece las sanciones a quienes agreden con ácido y otros componentes corrosivos a sus víctimas, que son en su mayoría mujeres.
Esta norma "tipifica como delito autónomo dicha conducta, aumenta las sanciones para los responsables y elimina distintos beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena", precisó la Presidencia en un comunicado.
Con esta ley la pena para los atacantes sube hasta 20 años de cárcel "si la conducta es simple", y hasta 30 años si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima, en tanto que se aumenta la sanción hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro.
Además, el homicidio agravado y las lesiones causadas con ácido no gozarán de los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria y de ningún otro de carácter judicial o administrativo.
Fuentes parlamentarias informaron en su momento que con los agravantes la pena podría llegar hasta los 50 años de cárcel.
Junto al endurecimiento de penas, la norma contempla la obligación del Estado de expedir, en seis meses, una política pública de atención médica y psicológica integral a las víctimas de este delito.
El desarrollo de esta ley tuvo como referente el caso de Natalia Ponce de León, una mujer de 34 años que se convirtió en símbolo nacional tras ser atacada en marzo de 2014 por un hombre obsesionado con ella.
Al salir de casa, el individuo le arrojó un corrosivo sulfúrico que le dejó el rostro desfigurado y el 30 % de su cuerpo quemado.
En Colombia hay registradas unas 2.000 víctimas por este tipo de ataques, la mayoría de ellas mujeres, en tanto que apenas hay dos condenas emitidas por este delito.
Según la ONG Feminicido.net el país suramericano está, junto con la India y Pakistán, entre las naciones donde se registran más ataques con ácido o con líquidos inflamables contra mujeres
