El presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC destacaron el viernes el acuerdo de blindaje jurídico y político del proceso de paz y dijeron que garantiza la estabilidad futura de las negociaciones.
El anuncio ``es muy importante porque prácticamente queda resuelto el punto seis (de la negociación)... que tiene que ver con la implementación y la refrendación de los acuerdos'', aseguró el jefe de Estado desde Londres, donde participó de la Cumbre Mundial Anticorrupción.
El jueves en La Habana las delegaciones negociadoras del gobierno de Santos y de las FARC hicieron público un acuerdo que le da rango constitucional a los puntos que se pacten en la mesa de negociación y que, según algunos expertos, evita que a futuro éstos puedan ser modificados.
El mandatario destacó que con lo acordado las FARC reconocen por primera vez la legitimidad de la constitución y las leyes del país. ``Las FARC venían desconociendo la constitución, es más, combatiéndola... Y lo que hacen en este momento es todo lo contrario: es reconocer la constitución''.
En reiteradas ocasiones las partes habían expresado la inquietud de que eventualmente los acuerdos que se firmen en Cuba pudieran ser objeto de modificaciones por parte de gobiernos venideros.
Según el mandatario, el último acuerdo descarta una asamblea nacional constituyente e insistió en que será el pueblo el que refrendará en las urnas los acuerdos una vez se firme la paz.
Finalmente Santos hizo votos porque pronto se concrete un cese bilateral del fuego.
``Lo que ayer se anunció es, ni más ni menos, la aceptación de las FARC de nuestra Constitución, de los poderes que emanan de esa Constitución, entre ellos el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los procedimientos para refrendar e implementar los acuerdos, lo que le va a dar validez jurídica a esos acuerdos son los procedimientos establecidos por nuestra Constitución a través del Congreso de la República'', dijo Santos desde un foro político del partido liberal en Bogotá el viernes por la noche, a su regreso de Londres. ``O sea, ahí se están sometiendo a nuestra institucionalidad. Esa institucionalidad que llevan 60 años combatiendo y desconociendo. Es un paso realmente fundamental, realmente transcendental en este proceso de paz''.
En tanto, el jefe del equipo negociador de las FARC, alias ``Iván Márquez'', expresó desde Cuba que ``este acuerdo... hará parte íntegramente de la constitución política colombiana mediante un artículo transitorio que contendrá toda la literalidad de lo acordado por las partes en la mesa de conversaciones''.
Uno de los objetivos del acuerdo, según Márquez, es que lo que se acuerde en la mesa sea respetado por los futuros gobiernos.
Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, destacó además que ``si entre los combatientes... hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades es porque el acuerdo (de paz) es inminente''.
El anuncio del jueves en La Habana tuvo distintas reacciones entre los críticos y los simpatizantes del proceso de paz.
Mientras el senador izquierdista Iván Cepeda sostuvo que ``ha quedado resuelto ni más ni menos el problema de la estabilidad jurídica de los acuerdos'', el opositor movimiento Centro Democrático lo calificó de ``golpe de Estado a la democracia colombiana''.
``Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la mesa de conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico ni el pueblo les ha otorgado'', aseguró el procurador general Alejandro Ordóñez en una carta pública enviada al primer mandatario.
Para el procurador, que en Colombia representa los intereses de la sociedad, Santos y el máximo jefe de las FARC, alias ``Timochenko'' o ``Timoleón Jiménez'', ``pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo... pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro''.
Ordóñez es un fuerte crítico de las negociaciones con las guerrillas y es cuestionado por algunos sectores de la opinión pública por sus posturas religiosas y ultraconservadoras.
Desde fines de 2012, la administración de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave como una reforma agraria, la participación en política de los guerrilleros, la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de minas antipersonales, el resarcimiento de las víctimas y la justicia transicional o la forma como los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes.
Aún quedan por resolver puntos complejos como el cese bilateral del fuego, el abandono de las armas por parte de los insurgentes y las zonas de ubicación transitoria para los guerrilleros.
