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La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, de la que se cumplirán dos meses el próximo miércoles, sigue envuelta de un mar de enigmas que salpica hasta las más altas esferas del poder.
Nisman, quien investigaba el ataque de 1994 contra la mutualista judía Amia, fue hallado muerto en su apartamento del lujoso barrio porteño de Puerto Madero, con un tiro en la cabeza, en la noche del 18 de enero, cuatro días después de haber denunciado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque.
Asesinato, suicidio -voluntario o inducido- o un accidente en la manipulación de una pistola calibre 22 son las hipótesis que mantiene la fiscal que investiga el caso, Viviana Fein, cuestionada por la exesposa del procurador, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lidera la parte querellante.
Arroyo Salgado contrató a un grupo de peritos con alta reputación profesional, cuyas conclusiones tras el análisis de las pruebas disponibles fueron tajantes: la muerte de Nisman fue un homicidio.
Las diferencias entre las conclusiones de los peritos oficiales y las de la querella son tales que ni siquiera coinciden en la fecha de muerte.
Para la querella, Nisman, que el lunes 19 de enero planeaba acudir al Parlamento para exponer sus argumentos en la denuncia contra la presidenta, fue asesinado el día 17 y no el 18, cuando fue hallado sin vida.
Eso pone en apuros a Diego Lagomarsino, un experto en informática que trabajaba para Nisman y que ese día fue al apartamento del fiscal para llevarle un arma que, según alegó, el procurador le había pedido para protegerse.
De hecho, la bala letal salió de la pistola de Lagomarsino, hallada junto al cuerpo de Nisman en el baño del apartamento.
La defensa del informático alega, sin embargo, que el fiscal aún estaba con vida en la mañana del 18, pues su ordenador se habría encendido para navegar por internet, lo que es objeto de pericias.
