Organizaciones sociales que integran el Comité Nacional Monseñor Romero solicitaron este lunes al presidente Nayib Bukele que vete una ley aprobada en diciembre pasado para permitir la exploración y explotación minera en El Salvador.
El comité argumentó que “la actividad de extracción minera tendría graves implicaciones en la gestión de la cuenca hidrográfica del Río Lempa”, el cual “es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la gran cantidad de salvadoreños”.
Las organizaciones señalaron en un comunicado que “la extracción de los metales preciosos se realiza utilizando grandes cantidades de agua en la que se diluyen grandes porciones de cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, todos ellos son necesarios para disolver la roca y separa de ella el oro”.
“Después del proceso de extracción queda la gran cantidad de gua convertida en veneno letal”, advirtieron.
El Comité Monseñor Romero solicita al presidente Bukele que vete la ley aprobada el pasado 23 de diciembre por la bancada oficialista Nuevas Ideas (NI) y partidos aliados en la Asamblea Legislativa, por iniciativa del mandatario salvadoreño.
La Ley General de Minería Metálica ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores de la sociedad, especialmente por ambientalistas y defensores de derechos humanos por considerar que esta práctica “atenta” contra el medio ambiente y la vida de las personas, particularmente de las que habitan en las zonas rurales del país.
El presidente Bukele aseguró, a principios de diciembre del año pasado, que el país centroamericano posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por kilómetros cuadrado en el mundo”.
No obstante, ninguna institución de Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario, tampoco se ha informado de los “beneficios” económicos que la explotación de oro en el país traerá a los ciudadanos.
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
También se estaría afectando la cuenca del río Lempa, que posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados, de los cuales 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
