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El presidente Barack Obama ordenó congelar bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos, al declarar a la nación sudamericana como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central Antonio Benavides Torres; el director de la policía política Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos.
Por su parte, el Gobierno venezolano informo de que ha llamado a consultas de inmediato a su encargado de negocios en Estados Unidos y diplomático de mayor rango en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz.
