La Universidad de Panamá advirtió que las demoras en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República están afectando múltiples áreas clave de su funcionamiento institucional, generando graves consecuencias operativas.
De acuerdo con un comunicado emitido por la primera casa de estudios superiores, la suspensión de la confección de diplomas y actos de graduación por falta de materiales, así como los retrasos en el refrendo de proyectos y compromisos internacionales, están perjudicando directamente los servicios que se ofrecen a estudiantes y a la comunidad universitaria en general.
La institución también detalló que la adquisición de insumos básicos para las cafeterías se ha visto comprometida, lo cual repercute en el menú ofrecido a los estudiantes. Esta situación se extiende a los Centros Regionales y programas anexos, incluyendo los ubicados en comarcas indígenas y centros penitenciarios, que enfrentan limitaciones en movilidad académica, compra de materiales y desarrollo de investigaciones.
Las consecuencias alcanzan a niños del Centro de Atención Integral de la Primera Infancia, a quienes se les dificulta el acceso a una adecuada alimentación; así como al Hospital Veterinario, que presenta atrasos en la compra de medicamentos e insumos de laboratorio. También se ven afectadas actividades esenciales como el mantenimiento institucional, pagos, contrataciones, y servicios básicos como agua, electricidad y combustible.
En el ámbito científico, el Instituto Especializado de Análisis ha reportado falta de reactivos e insumos necesarios para el análisis de productos que ingresan al país, mientras que las actividades agrícolas, como la siembra y cosecha de arroz, también están en riesgo por estas demoras.
Actualmente, según cifras proporcionadas por la Universidad de Panamá, se han acumulado 1,450 trámites pendientes de refrendo, de los cuales 700 reposan en la Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría.
La situación se agravó a partir del pasado 7 de mayo, cuando la Contraloría decidió trasladar su Oficina de Fiscalización —que funcionaba dentro de la Universidad— hacia la Coordinación Regional ubicada en Plaza Edison. Esta medida, sumada a la nueva exigencia de que la mayoría de los documentos para refrendo —excepto los provenientes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina— deban pasar por dicha coordinación antes de llegar a la sede central, ha extendido considerablemente los tiempos de respuesta.
Ante este panorama, la Universidad de Panamá hizo un llamado respetuoso al contralor general de la República para que se restablezca la Oficina de Control Fiscal dentro del campus universitario, se eleve el monto de refrendo a B/. 50,000, como estuvo vigente hace dos meses, y se agilicen los trámites pendientes.
“Este nivel es preocupantemente bajo, considerando que dicho presupuesto está destinado a obras, adquisición de maquinaria y equipos, y adecuaciones a la infraestructura a nivel nacional”, señala el pronunciamiento.
