El rector de la Universidad de Panamá. Dr. Eduardo Flores Castro, solicitó al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, una mediación en la búsqueda de una alternativa que resuelva la problemática suscitada ante las medidas administrativas implementadas por la Contraloría General de la República en la primera casa de estudios superiores.
De acuerdo con el rector, a pesar de los conflictos que han surgido en el país en los últimos años, nunca se había tomado una medida tan drástica como la remoción de los funcionarios de la Dirección de Control Fiscal de la Casa de Méndez Pereira.
“Entendemos que, en momentos de crisis, salvaguardar la vida de las personas es lo primordial; sin embargo, consideramos que no era necesario ni urgente adoptar esa medida por parte del Contralor, ya que ello ha dejado a la deriva el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad de Panamá", afirmó el Rector.
Sustenta el rector que la imposición de medidas centralistas por parte de la Contraloría de la República afecta el buen funcionamiento de la institución, resaltando que la Universidad de Panamá ha cumplido estrictamente con las normas de control presupuestario que rigen en el Estado panameño, en concordancia con lo establecido en la constitución, la Ley y el Estatuto Universitario.
“Siempre ha existido una comunicación amistosa y transparente con la Contraloría General de la República para regular el control y garantizar el correcto funcionamiento del presupuesto; prueba de ello es la presencia, que actualmente ha sido suspendida, de la Oficina de Control Fiscal dentro de los predios universitarios”, destacó.
Alega el rector Flores Castro que la aplicación de estas medidas ha tenido consecuencias que está afectando de manera significativa la administración y el funcionamiento de los servicios que ofrecen las siete cafeterías universitarias, incluyendo un centro de producción, así como las demás cafeterías ubicadas en los diez centros regionales distribuidos en todo el país, que brindan servicio de alimentación a los estudiantes, ofreciendo un menú básico a un costo de B/ 0.50.
Por lo anterior, el rector acudió a los buenos oficios del defensor para solicitar su mediación en la búsqueda de una alternativa ante esta situación. En ese sentido, solicitó gestionar ante la Contraloría General de la República se incluya en la resolución número 1510-DNFG, que en su parte resolutiva dice, parágrafo 2: "se exceptúa de esta disminución de límites de refrendo a los actos de manejos de fondos y bienes públicos de las facultades de Medicina y Ciencias Agropecuarias, los cuales podrán ser refrendados por los Coordinadores, Jefes y Supervisores de Fiscalización de la Dirección Nacional de Fiscalización General, hasta la suma de B/. 50,000.00 (cincuenta mil balboas con 00/700) a las cafeterías universitarias a nivel nacional”.
