Con la finalidad de regular la industria porcina, impedir que sean afectado los recursos naturales y la salud humana, sin que ello signifique disminución en la actividad económica y su impacto productivo en la alimentación de los panameños se realizó este encuentro agropecuario.
Funcionarios del Ministerios de Ambiente, Salud y Desarrollo Agropecuario celebraron una reunión para estudiar un documento redactado por los dos gremios que reúnen a los productores porcinos. Este encuentro forma parte de las estrategias que buscan solucionar el problema sanitario y ambiental que ocasionan las fincas en varias provincias y que han llevado a tomar medidas inmediatas.
Carlos Acosta, jefe del Departamento de Adecuación y Manejo Ambiental, de la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental de MIAMBIENTE, dijo que se quiere aprovechar la oportunidad de hacer una normativa que establezca las competencias y responsabilidades de cada institución en torno a los aspectos ambientales y de salud pública; resulta importante porque se han hecho reuniones con todos los involucrados en este problema.
El funcionario explicó que luego de varios encuentros, los dos gremios que reúnen a los productores Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR) y Asociación de Productores de Cerdos de Panamá (APROCERPA), presentaron un documento para que fuera estudiado y aprobado como decreto para regular la industria. Las instituciones con competencia en el tema, han iniciado el estudio para proponer la norma respectiva.
Graciela Martiz, representante de la Unidad Ambiental del MIDA, añadió que el equipo técnico de esa institución ve en forma positiva las acciones desarrolladas para mejorar el desempeño productivo y ambiental de las fincas porcinas. El enfoque es integral, toda vez que el MINSA, MIAMBIENTE y el MIDA unen esfuerzos en pro del sector productivo porcino, concluyó.
Por otra parte, Genevieve Epailly, abogada del MINSA explicó la forma como se tramita los permisos sanitarios; aclaró que se cuenta con una disposición que lista los procedimientos y las entidades que intervienen en la expedición. Es oportuno contar con la colaboración de las entidades para conocer cuáles requisitos requieren las empresas que solicitan autorización para el desarrollo de esta actividad.
Epailly menciona que los problemas que se han encontrado en el desarrollo de esta actividad son la generación de malos olores, sistema de tratamiento de aguas residuales ineficiente, mal manejo de desechos sólidos (porcinaza, cadáveres, desechos veterinarios), ausencia de medidas de seguridad en general y de medidas de bioseguridad adecuadas.
Explicó que en la actualidad se tienen unas 937 fincas productoras en el país, de las que tan solo 71 cuentan con instrumentos de gestión ambiental. De ellas, 36 han implementados planes de adecuación de manejo ambiental (PAMA) y 35, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.
A esta reunión acudieron representantes de la Unidad Ambiental, Salud Animal y Epidemiología del MIDA; Dirección de Protección de Alimentos del MINSA y de Protección de la Calidad Ambiental de MIAMBIENTE, así como asesores legales de las tres instituciones.