Un par de botas de agua y una precaria carretilla son lo único que utilizan los jóvenes invasores del terreno "Victoriano Lorenzo", a las afueras de Ciudad de Panamá, para construir sus casuchas, sostenidas por palos de madera y una lona como techo sobre el suelo fangoso.
El paisaje es desolador: acaba de llover y mover los materiales se ha convertido en una odisea; el lodo, las nubes y el atardecer amenazante impiden continuar los trabajos. El sistema de electricidad, robado del cableado más cercano, tampoco proporciona luz a todos los puntos de lo que en un futuro será una barriada.
"Estamos en la lucha", claman los "precaristas", como se llama en Panamá a estas personas que se toman terrenos baldíos.
En ese campamento, que lleva el nombre en alusión al líder y guerrillero indígena panameño cuando aún el país pertenecía a la Gran Colombia, hay unas 500 familias, que se vieron en la "obligación" de ocupar el terreno por los efectos económicos de la pandemia del covid-19, según cuentan algunos de ellos a Efe.
"Nos sacaron de los cuartos de alquiler, donde vivíamos con la familia, a la mayoría nos botaron del trabajo y no tenemos cómo pagar una renta", asegura Aris González, quien se presenta como una de las cinco dirigentes del comité "Victoriano Lorenzo" del campamento.
Las invasiones a terrenos ya eran "comunes" en Panamá "por la necesidad real de la gente de tener una vivienda, porque el Gobierno no tiene la capacidad de resolver en un 100 % el déficit de vivienda a nivel nacional", comentó a Efe un funcionario el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) que pidió el anonimato.
En el área metropolitana el Miovit tiene registrados 22 asentamientos en el área de Panamá Centro, 68 en Panamá Este, 60 en Panamá Norte y 33 en San Miguelito.
La grave crisis económica provocada por el nuevo coronavirus puede venir a acentuar la situación.
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UNOS 200 METROS CUADRADOS POR FAMILIA
Según los dirigentes, cada familia tiene 200 metros cuadrados para construir en este terreno, de unas 10 hectáreas, aunque ni el comité "Victoriano Lorenzo" ni la cartera de Vivienda tienen las cifras exactas.
Hace apenas un mes comenzaron a levantar el campamento, y el ministerio señala que aún no han recibido quejas del supuesto dueño del terreno, a pesar de estar rodeados de barriadas residenciales.
Parte de los invasores aún no vive en el campamento: algunos continúan en los cuartos de alquileres, sin cancelar los pagos adeudados, y otros residen con familiares.
Domingo Miranda, de 29 años y dependiente de la informalidad laboral desde que a principios de año le despidiesen de la empresa recicladora donde trabajaba, es uno de ellos.
Tiene dos niños pequeños, que juegan limpios y sanos sobre los escombros de la construcción, y todas las noches los lleva a casa de la abuela para darles de cenar y mantenerlos aseados.
Él fue uno de los primeros en "entrar" y ya tiene una de las casas más avanzadas: solo una habitación con una cama cubierta por una lona y lo que parecen ser unos seguros pilares de madera, pero espera edificar pronto un baño y una cocina.
"Viene gente a vendernos materiales y se aprovechan. Nos lo venden caro", relata el joven, al lado de Adrián, su "vecino" de ocho años con deficiencias para leer y la cara más dura del lugar y de Panamá, el sexto país más desigual del mundo, pues dentro de la propia pobreza están los que se dan el lujo de acudir a casa de sus familiares y quienes ya se han acomodado.
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EXIGENCIAS: "ESTO ES DEL PUEBLO"
La líder Aris González comenta a Efe que "ha investigado" y que el terreno pertenece el Estado: "invadimos y nos salió que es del Gobierno, por suerte".
"Esto es del pueblo y necesitamos calle, agua potable y luz", afirma González frente a su casa, en la calle principal del campamento, una vía de tierra.
El Miviot especifica que hay dos vías para regularizar la situación de los precaristas, según si están asentados en tierras privadas o del Estado.
En el caso de ser un terreno público se hacen una serie de trámites que incluyen el traspaso del terreno a un banco estatal, y la realización de un censo para confirmar que se trata de que realmente no tiene casa.
El caso se complica si es una propiedad privada, cuando el proceso incluye desde conversar con los dueños, avalúos, expropiación e indemnización.
"Tenemos una lista de espera, pero para entrar" a la campamento "necesitamos que nos demuestren que no tienen propiedad" alguna, explica González, sin precisar una cifra.
El ministerio resalta que "es importante acotar también que hay asentamientos humanos, en los que personas los utilizan para lucrar, venderlos, negociar, siendo terrenos del Estado, y que al final no lo necesitan. Estos serán la minoría, pero es una realidad".
