Las asociaciones de padres de familia de los centros escolares oficiales del país deberán ajustarse a las nuevas regulaciones establecidas en la recientemente aprobada Ley 328, especialmente en lo relativo al uso y manejo de fondos.
La Ley 328 unifica el decreto 3 del 20 de enero de 1989 y el decreto 245 del 16 de julio de 1985, ambos ya "obsoletos", aseguró la diputada Patzy Lee, quien propuso e impulsó la nueva ley.
Con esta ley, asegura la diputada Lee, es obligatorio que las asociaciones de padres de familia rindan informes financieros semestrales y anuales.
Además, es ineludible la apertura de cuentas bancarias. También la creación de un comité de fiscalización con participación del Concejo de delegados.
La nueva ley establece un monto límite de $500.00 para la caja menuda que manejen las asociaciones de padres de familia.
Otra de las regulaciones aprobadas en la Ley 328 es la prohibición para los miembros de la junta directiva de formalizar contratos con personas con las que mantengan vínculos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
También establece sanciones claras y medidas como resguardar la documentación oficial en archivos físicos dentro de los centros educativos y garantizar la transparencia en el uso de los fondos.
La diputada Lee enfatizó que, aunque existen asociaciones que realizan su labor de forma responsable, hay otras que "están robando la plata de todos los estudiantes".
Hay inclusive varias denuncias en el Ministerio Público (MP) contra presidentes, tesoreros y demás miembros de diferentes asociaciones por el mal uso de estos fondos.
