La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luzmila Jaramillo Fuentes, decretó las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Público dos veces al mes, la prohibición de acercarse a las víctimas y la prohibición de salida de la provincia de Panamá a 83 ciudadanos, imputados por la presunta comisión de los delitos contra los servidores públicos, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico (daños), contra la libertad individual y contra la vida e integridad personal (lesiones personales).
En el sexto día de audiencia, la jueza basó su decisión de aplicar las medidas cautelares personales antes mencionadas, debido a que consideró que el Ministerio Público no logró sustentar una vinculación fortalecida de ninguno de los delitos mencionados en relación con los imputados. Esto dio como resultado medidas cautelares menos severas distintas a las solicitadas por el Ministerio Público, que eran la detención provisional.
La audiencia, que inició el viernes 14 de febrero a las 9:00 a.m., concluyó este miércoles 19 de febrero a las 7:30 p.m. El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza y Yina Díaz de Gracias; mientras que la defensa de los imputados corrió a cargo de 21 abogados particulares.
Antes de concluir el acto de audiencia el Ministerio Público anunció recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. En ese sentido, la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial fue programada para el próximo 25 de febrero a las 9:00 a.m.; y se llevará a cabo en las mismas instalaciones del Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social.
Este caso se relaciona con las protestas registradas el pasado miércoles 12 de febrero en la Avenida Balboa.
