La junta directiva de la Asociación de Padres de Familia del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, en La Chorrera, exigió al Ministerio de Educación (MEDUCA) la realización de nuevas evaluaciones a los edificios del centro escolar, además de acceso al contenido de los informes que surjan de estas inspecciones.
Tres días después del sismo del 9 de octubre, personal técnico del MEDUCA inspeccionó los edificios de esta escuela, aunque se desconoce si la misma está en condiciones para reiniciar clases.
En un comunicado hecho público por la Asociación de Padres de Familia de este centro escolar se expresa la "profunda preocupación por las condiciones estructurales que presenta actualmente nuestra institución y por la seguridad de nuestros niños, docentes y demás personal".
Agrega el comunicado que, luego del terremoto del 9 de octubre, se han identificado grietas, fracturas y otras afectaciones que generan inquietud sobre la estabilidad de determinadas áreas del plantel.
Expresa además su preocupación de que estos daños puedan agravarse ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.
En el comunicado se señala además la inconformidad de la asociación de padres de familia por las medidas adoptadas luego de la inspección del 12 de octubre y que solo consistieron en terminar de derribar parte de una estructura que ya había colapsado.
Esta acción dejó a la vista vigas y otros elementos estructurales cuya condición genera preocupación, precisa el comunicado, añadiendo que "consideramos que estas acciones, por sí solas, no ofrecen la certeza necesaria sobre la seguridad de las instalaciones ni sustituyen una evaluación técnica integral".
La junta directiva advierte además que no tienen conocimiento sobre la presentación de un "informe técnico formal que permita conocer el estado actual de la infraestructura, determinar el alcance de los daños y establecer si las instalaciones reúnen las condiciones necesarias para reanudar las clases presenciales de manera segura".
Ante ello, están solicitando que se lleve a cabo una evaluación técnica integral de la infraestructura escolar, a cargo de profesionales idóneos en ingeniería estructural y de las entidades competentes.
Además de que se emita y comparta con la comunidad educativa un informe técnico formal que detalle los daños encontrados, los riesgos identificados y las recomendaciones correspondientes.
Que se determinen las medidas correctivas necesarias y se presente una solución definitiva que garantice condiciones adecuadas de seguridad y que se informe oficialmente a la comunidad educativa si las instalaciones son aptas para reanudar las clases presenciales y bajo qué condiciones.
Mientras no exista una evaluación técnica formal que permita determinar la seguridad de las instalaciones, señalan los padres de familia, "Consideramos que no hay elementos suficientes para que las familias tengan la tranquilidad necesaria respecto al retorno de sus hijos al plantel".
