El Gobierno de Panamá solicitó a un tribunal la disolución del mayor sindicato de la construcción, el Suntracs, bajo acusaciones de que ha incurrido supuestamente en extorsión, abuso de poder y usado de manera indebida sus recursos.
Los directivos del izquierdista Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), que en los últimos años ha promovido paros y protestas de calle contra las autoridades de turno, manejaron "la organización con vicios mafiosos para el beneficio económico de sus líderes, usando como pantalla la defensa de los derechos laborales", declaró la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.
Recalcó que en Panamá hay más de 540 sindicatos, entre ellos 17 organizaciones de trabajadores del sector de la construcción, cuya participación en grandes proyectos ha sido impedida "por la fuerza" y a punta de supuesto chantaje por el Suntracs.
"Panamá necesita sindicatos fuertes, no estructuras de poder paralelas disfrazadas de lucha social", declaró la ministra Muñoz.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, expresó este viernes que "corresponde a la justicia determinar el curso de acción y definir el resultado" de la petición del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) contra el Suntracs, "garantizando el Estado de derecho y la convivencia pacífica".
"La ministra Muñoz ha demostrado un compromiso firme con la institucionalidad democrática al tomar una decisión valiente. En su búsqueda por defender el legítimo derecho de los trabajadores a sindicalizarse, apoyar sus derechos dentro del marco de la ley y respetar la Constitución, ha sentado un precedente importante", añadió Chapman en un mensaje en su cuenta de X.
La decisión del Mitradel, informada la víspera, tiene lugar después de que el lunes pasado el Suntracs anunciara un proceso para renovar en agosto próximo su cúpula, cuyos miembros enfrentan procesos judiciales, entre ellos uno por estafa y blanqueo presentado en 2022 por afiliados al propio sindicato.
Por ese caso, vinculado a un frustrado proyecto de construcción de nombre 'Red Frog Beach Club', han sido acusados once directivos del Suntracs, entre ellos su secretario general, Saúl Méndez, refugiado en la embajada de Bolivia desde el pasado 21 de mayo, el mismo día en que la Fiscalía panameña pidió su arresto.
En una declaración difundida en sus redes sociales, el Suntracs acusó a la ministra del Trabajo de odiar a la organización porque en sus más de 52 años de existencia "se ha dedicado a mejorar las condiciones de los trabajadores y de sus familias".
Las declaraciones de Muñoz están "llenas de falsedad y dejan en evidencia su desconocimiento en materia laboral", dice en el video un miembro del sindicato, que no se identifica y que habla rodeado de siete colegas y de banderas de la organización.
"Nosotros vamos a luchar, vamos a defender nuestra organización, no es tan fácil como ella lo dijo, que se presenta una disolución del sindicato y eso se resuelve traqueando los dedos. Ella sabe que para que esa disolución se dé tiene que pasar un proceso muy largo y los obreros vamos a dar batalla", agrega el sindicalista.
El Suntracs realizó un paro de labores, cierres de calles y enfrentamientos con la Policía en el marco de las protestas en contra de una reforma a la seguridad social ya vigente, iniciadas el 23 de abril pasado, lideradas por sindicatos docentes, pero los obreros volvieron a las obras hace casi dos meses, tras la huida del secretario general del sindicato.
El paro contra la reforma de la seguridad social fue perdiendo fuerza con el paso de los días y culminó oficialmente la semana pasada, con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos docentes que incluye el no pago de los días no laborados y que se mantengan los proceso administrativos iniciados en contra los maestro que se ausentaron de las escuelas.
