El Gobierno de Estados Unidos negó este martes que tenga planes de respaldar la producción de un programa de telerrealidad donde inmigrantes competirían por el premio de alcanzar la ciudadanía de ese país, tras reportes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba evaluando la propuesta.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró en una audiencia ante el Senado que «no tiene planes de realizar un ‘reality’ show», luego que fuera interpelada sobre la participación de la Administración en la producción.
Una idea que no ha trascendido
La inédita posibilidad de que EE.UU. diera luz verde a una competencia televisiva cuyo fin sea obtener la naturalización en el país, la reportó inicialmente el diario británico The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de Noem, algo que funcionarios de su departamento negaron.
La subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, aseguró en comunicado remitido a EFE la semana pasada que Noem «no ha respaldado ni conoce la propuesta de ningún programa de ficción o telerrealidad», aunque añadió en ese entonces que el plan «no ha recibido aprobación, ni rechazo del personal».
La portavoz admitió que la agencia gubernamental «recibe cientos de propuestas para programas de televisión al año» y que cada una «se somete a un riguroso proceso de selección antes de su rechazo o aprobación».
En declaraciones al The Wall Street Journal, McLaughlin indicó que la revisión del proyecto estaba «en las primeras etapas».
El gestor del ‘reality’ para inmigrantes en busca de ciudadanía
El productor Rob Worsoff, quien llevó la idea al DHS, aseguró al diario que el programa está pensado como «una celebración de ser estadounidense y del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos».
«Esto no es ‘Los Juegos del Hambre’ para inmigrantes», dijo. «Esto no es: ‘Si pierdes, te enviaremos en barco fuera del país'».
Los reportes de que el DHS estaba evaluando esta propuesta se dieron a conocer cuando la agencia se mueve rápidamente para impulsar la agenda del presidente, Donald Trump, quien regresó al poder en enero con una política de mano dura contra la inmigración, que incluye promesas de una histórica deportación masiva de indocumentados.
La semana pasada, la Administración defendió ante el Tribunal Supremo una orden ejecutiva del mandatario de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento y negarla a hijos de padres indocumentados o con visas temporales en el país, algo que podría afectar a cientos de miles de bebés cada año, según el Migration Policy Institute.
