El fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez ha insertado ilegalmente, por lo menos dos acuerdos de colaboración y de testigo protegido en el caso New Business, permitiendo la participación de un abogado que mantenía vigente hasta esa fecha una condena de inhabilitación de funciones públicas por cinco años.
Se trata del abogado Ricardo Gómez Flores que en abril de 2017 fue juzgado por posesión ilícita agravada de drogas bajo el oficio 344 y condenado a 75 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por 5 años terminados el 7 de septiembre de 2022.
Fuentes legales afirman que sobre Gómez también pesa otra condena que ratifica su impedimento para negociar acuerdos con el Ministerio Público.
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Gómez es el brazo derecho de la estructura creada por William Moore que penetró el Ministerio Público y extorsionó bajo amenazas a ochos de los imputados en el caso New Business. La jugada incluía fuertes pagos de dinero a cambio de excluirlos como imputados en la investigación bajo la figura de acuerdos de colaboración o como testigos protegidos en el caso Riccardo Francolini y Henri Mizrachi.
Durante las negociaciones, Gómez fue la conexión directa con el fiscal suplente Gilberto Arona y desde donde se dio pie a los acuerdos por medio del pago de sumas millonarias de dinero.
Se podría decretar la anulación del expediente
En el proceso, Moore y Gómez se repartieron la representación de los testigos bajo un acuerdo. Fue así que Gómez firmó al menos tres de los acuerdos, el de Mike Btesh como colaborador y el de Henri Mizrachi y Riccardo Francolini como testigos protegidos.
Por ejemplo, la primera declaración que dio Mizrachi como testigo protegido fue en el 23 de septiembre de 2020, fecha en que todavía Gómez tenía la medida de inhabilitación. Mientras que Gómez firmó como abogado de Francolini en la declaración que dio el 23 de septiembre de 2020, también ya bajo la figura de testigo protegido.
El abogado Ronier Ortíz señaló que estos acuerdos donde está probada la participación del abogado Ricardo Gómez, son causales suficientes para decretar la anulación del expediente y del juicio del caso New Business.
Sin embargo, Ortíz destacó que el caso está siendo manejado políticamente por parte de la fiscalía y en contubernio con la juez Baloisa Marquínez, por lo que no aceptarán estos elementos, aunque sean pruebas contundentes para decretar automáticamente la nulidad del juicio.
