Panamá pide respetar independencia judicial por fallo sobre operador hongkonés de puertos

El Gobierno de Panamá pidió este miércoles respeto a la independencia judicial, después de que la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, anunció un proceso de arbitraje contra el país tras la decisión del Supremo de declarar la semana pasada "inconstitucional" el contrato de concesión que poseía sobre dos puertos situados en los alrededores del Canal de Panamá.

"El Gobierno Nacional respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado y exhorta a todas las partes, nacionales e internacionales, a hacer lo propio, tal como se espera que ocurra cuando una empresa panameña o nacional es sometida a procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas", anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La Cancillería subrayó así que Panamá "reafirma, de manera clara e inequívoca, su compromiso con el Estado de derecho, la separación e independencia de los órganos del Estado y el respeto irrestricto a sus instituciones democráticas", por lo que "la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial, conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño".

"Se trata de una determinación estrictamente jurídica, adoptada tras el análisis de una controversia legal relacionada con una concesión portuaria, y no de una decisión de carácter político ni geopolítico", remarcó.

Horas antes, el presidente panameño, José Raúl Mulino, había también rechazado "enérgicamente" el "pronunciamiento" de PPC, insistiendo en que "Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central".

En esa decisión del pasado 29 de enero, el Supremo declaró "inconstitucional" el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a PPC, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, quedando anuladas de hecho por el fallo, que respondía a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores, que planteó la existencia de términos lesivos.

Un día después de la decisión del Supremo, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumiría transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación "abierta y transparente" de la concesión.

Ante esta situación, Panama Ports Company informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París.

El comienzo del arbitraje por parte de PPC se produjo, según anunció la compañía, "tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario".

Aunque no hizo referencia a Estados Unidos, desde el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con tomar el control del Canal de Panamá por la supuesta influencia de China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial, algo que Panamá siempre ha negado.