Después d evarios días de protestas, 30 muertos, 428 heridos, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, aceptó ser la mediadora y testigo de un diálogo, que ha sido propuesta por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, para tratar de superar la actual crisis que enfrenta el país centroamericano'.
El presidente del Episcopado, el cardenal Leopoldo Brenes, dijo en un mensaje ante los medios que aceptan estar en carácter de mediador y testigo del diálogo convocado por el presidente Ortega el domingo pasado "ante las gravísimas situaciones que ha vivido la nación nicaragüense y que se agudizaron la última semana que ha transcurrido".
Ese día Ortega invitó al cardenal Brenes y a los obispos para que sean garantes de un diálogo entre el Ejecutivo, sector privado y trabajadores.
A pesar de que el mandatario afirmó que no aceptaría dialogar bajo condiciones, el clero hizo una lista básica de peticiones.
"Para facilitar el clima de diálogo consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses", abogó el Episcopado en ese comunicado leído por Brenes.
En el documento, suscrito por el pleno de obispos que integran el Episcopado, los religiosos dicen que esperan "que con un sincero espíritu y voluntad de hacer patria y encontrar los senderos de la paz, que descansa sobre la justicia, equidad y derecho, los diversos hermanos nicaragüenses enfrentados dolorosamente y la sociedad civil nos acepten en carácter de mediadores y testigos".
"Quedamos a espera de sus respectivas aceptación", indicaron en el documento, en el que los obispos aseguran haber aceptado mediar "después de orar, escuchar y pedir las luces del Espíritu Santo".
Como resultado de los diferentes actos de violencia registrados en las protestas de Nicaragua, las organizaciones no gubernamentales y la Cruz Roja Nicaragüense contaban hasta hoy al menos 28 muertos, entre ellos dos policías, un adolescente y un periodista, 428 heridos, y más de 200 manifestantes arrestados o desaparecidos.
La Policía de Nicaragua reportó por su lado, un balance total de 2 agentes muertos y 121 heridos durante los enfrentamientos que tuvieron lugar desde el miércoles hasta el domingo pasado en ese país por las anunciadas reformas a la Seguridad Social que finalmente fueron derogadas.
Sin embargo, la población también reclama por supuestos fraudes electorales, las continuas alzas de los combustibles, el actuar impune de la Policía, las muertes sin explicación de campesinos que se oponían al Gobierno, el discurso oficial de "paz y reconciliación" que supuestamente no refleja la realidad del país, entre otros.
La Policía Nacional también dijo que había concluido el proceso de liberación de los detenidos durante las protestas contra el Gobierno, una de las condiciones de los empresarios y la Iglesia para iniciar un diálogo.
El Gobierno anunció que las fuerzas de choque oficialistas han cesado la violencia y los canales de televisión sacados del aire poco a poco han empezado sus transmisiones.
Los universitarios -que encabezan las manifestaciones y representan "la reserva moral de Nicaragua", según dijo el influyente obispo Silvio Báez y quien no estuvo presente en la conferencia del Episcopado- han insistido en que ellos no están interesados en un diálogo porque su única petición es la dimisión de Ortega.
El lunes, en una histórica marcha en Managua, replicada en el resto de Nicaragua, la población no exigió diálogo sino que solicitó de forma pacífica la renuncia de Ortega, tras 11 años seguidos en el poder.
Báez, una de las personalidades más influyentes del país, convocó a una marcha el próximo sábado "para mostrar" fe en Dios y "amor a Nicaragua".
La marcha tendrá como punto de encuentro la catedral metropolitana de Managua, que desde el primer día de protestas ha servido de refugio a los manifestantes.
El pasado domingo, Washington llamó a un "diálogo amplio" que incluya a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto por los derechos humanos y lograr un futuro "mejor y más democrático" para todos los nicaragüenses.
